Falta de astucia

A menudo los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se quejan de que las actuaciones judiciales dan al traste con meses de su trabajo. Es cierto que debe desesperar que uno se afane por “trincar al malo malísimo” y luego llegue un juez que desde su despacho decida que ese “kinki” queda en libertad. Sin embargo, es más cierto que a veces los jueces deben garantizar los derechos fundamentales y las pruebas que reciben para castigar al delincuente no siempre son concluyentes. El axioma de “es mejor un culpable en la calle que un inocente en la cárcel” debe cumplirse a rajatabla, ya que en caso contrario correríamos el peligro de que por mangar una barra de pan un día de un hambre implacable nos manden del trullo sin piedad.
Los Cuerpos de Seguridad que trabajan incansablemente deberían poner todo su empeño en que el fruto de su trabajo sea comestible y delicioso. A menudo operaciones policiales llevadas a cabo durante meses acaban siendo humo por fallos nimios con lo que se debería ser más escrupuloso. Es cierto que el sistema judicial español es garantista y puede acabar con la moral de cualquiera que trabaje por aplacar el mal de la sociedad, pero también es cierto que no siempre todo está correcto y a los magistrados no les queda otra alternativa que dejar en la calle a personas que, aún sabiendo que no son trigo limpio, no pueden ser condenadas por nada.
Últimamente las Fuerzas de Seguridad están basando sus investigaciones en pruebas que son reprobables porque atentan contra derechos fundamentales como la intimidad. De este modo, las intervenciones telefónicas están proliferando de una manera brutal para no conseguir más que conversaciones propias de una línea 806. El Tribunal de Estrasburgo ya llamó la atención a España en este sentido y apeló a que se controlen las autorizaciones judiciales para intervenir los teléfonos de las personas. Uno de los casos más sangrantes en este sentido es el del narcotraficante Sito Miñancos, quien fue absuelto porque la única prueba presentada por la Policía fue una intervención de un teléfono que, por supuesto, el gallego negó haber tenido o haber hablado por él. Algunos jueces salmantinos se están negando a permitir a la Policía o a la Guardia Civil intervenir teléfonos y solicitan que la instrucción se base en otros medios de investigación policial. La consecuencia de esta decisión es que los juzgados que sí dan estos permisos se están colapsando de causas, mientras que el resto sigue funcionando con normalidad.
Si todos los escalones del sistema policial-judicial funcionaran correctamente, a pesar del cansancio y la desesperación propios del trabajo, los casos en los que “los malos” se escapan serían muchos menos de los que se están dando en la actualidad.